Leyes antiterroristas y "conflicto mapuche"

Hace más de 25 años la Comisión de Estudios para una Nueva Constitución alertaba sobre el riesgo del terrorismo, apreciando cómo las “miles de personas inocentes, niños, mujeres, ancianos (que) han sido víctima de su violencia despiadada” apreciaban, impotentes, cómo sus derechos humanos esenciales eran conculcados por grupos organizados violentistas. Visionariamente, la Comisión hacía hincapié en determinada característica del terrorismo moderno, “la organización internacional, pues por lo general responde a una misma inspiración ideológica totalitaria...”

El terrorismo es hoy, al igual que entonces, una de las lacras más graves que vive una sociedad libre, pues pretende que unos pocos alteren por la violencia, lo que la nación ha determinado como convivencia razonable fundada en el derecho. Es, pues, una amenaza permanente para quienes pretendemos vivir en paz y libertad. Es, como lo señala adecuadamente la Constitución, un grave atentado a los derechos humanos, pues con duros aprendizajes nuestra sociedad comprendió que la violencia no es un medio válido de acción política.

Estos principios, que creíamos incorporados a cabalidad en nuestra sociedad, están siendo hoy nuevamente objeto de crítica y cuestionamiento. Bajo la excusa del alentado y financiado desde el extranjero “conflicto mapuche”, se ha pretendido justificar por ciertos sectores la comisión de hechos de carácter terrorista, como las quemas de fundos, asaltos a la policía, ataques a personas y bienes determinados y, en general, actividades propias de la denominada “guerra de guerrillas”.

A raíz del “conflicto” ha surgido, pues, la necesidad de revisar la vigencia y existencia de normas antiterroristas. Parece claro en tal sentido que en el resto del mundo el tema ya parece zanjado. Normas rigurosas contra el terrorismo son comunes en el mundo occidental, y la tendencia legislativa se orienta a reprimir en forma oportuna al violentismo. En Derecho Comparado, tanto la legislación española (Ley Orgánica Nº 8/1984) como la italiana (Ley Nº 152 de 22 de mayo de 1975, conocida como“Ley Reale”), tipifican delitos comunes como delitos terroristas, cuando estos cumplen con determinadas características, al igual que el Convenio Europeo para la Represión del Terrorismo (CERT), de 29 de enero de 1977. Recientemente, los atentados en Nueva York del 2001 motivaron a la ONU a declarar “que los actos, métodos y prácticas terroristas son contrarios a los propósitos y principios de las Naciones Unidas y que financiar intencionalmente actos de terrorismo, planificarlos e incitar a su comisión también es contrario a dichos propósitos y principios”: conforme a ello las diversas legislaciones han incrementado sus sanciones y prevenciones de represión antiterrorista.

Contra la tendencia mundial, consistente en aumentar sanciones y controles en dichas materias, en nuestro medio hay quienes han propuesto derogar la ley antiterrorista ¿Qué es lo que realmente se pretende eliminar? La actual ley antiterrorismo (N° 18.314, artículos 1° y 2º) sanciona con mayor rigor a los delitos simples que se cometen con ánimo de arrancar decisiones de la autoridad por medio de causar en toda o parte de la población la amenaza de ser víctima de una acción similar sea por la naturaleza y efectos de los medios empleados, o por la evidencia de que obedece a un plan premeditado de atentar contra una categoría o grupo determinado de personas.
¿Es antidemocrática esta legislación? Al contrario, constituye una adecuada garantía de que en nuestra sociedad todos los sectores y grupos son vistos y tratados por igual ante la ley, y que aquellos que opten por la violencia como medio de acción política serán sancionados más duramente.

El presidente de la Cámara de Diputados, Antonio Leal, se pregunta si es posible que a un joven que en Santiago lanza una bomba molotov contra un vehículo de carabineros se le aplique la Ley de Control de Armas y que en la IX Región a un mapuche que hace lo mismo se le aplique la ley antiterrorista. En cualquier Estado Democrático de Derecho serio, la respuesta sería afirmativa: quien actúa en una asociación terrorista debe ser sancionado en forma más severa que los demás, de acuerdo con la sana doctrina aristotélica de la isonomía: tratar igual a los iguales y desigualmente a los desiguales.

Por eso resulta preocupante que desde el Ejecutivo se señale que "en el actual Gobierno hay que excluir la aplicación de esa ley mientras no haya víctimas humanas". Por ello es igualmente alarmante usar un presunto conflicto de supuesta naturaleza interracial para ablandar legislaciones para absolver a quienes promueven el terror como medio de acción política.