LAVÍN, ALESSANDRI Y EL FIN (AL FIN) DE LA ALIANZA

La decisión de Joaquín Lavín de desistir de la carrera municipal por Santiago, comuna en la que alguna vez fue electo alcalde con el 60,1% de los votos, abdicando su opción ante un joven concejal, Felipe Alessandri, da cuenta no solo de la inmensa y plausible capacidad de trabajo del hoy concejal RN y su “trabajo de hormiga”, de horas de puerta a puerta, reuniones con vecinos y preocupación permanente por los asuntos locales: da cuenta del ocaso de la forma de hacer política de la transición, de los íconos de los noventa, del estilo propio de la Alianza por Chile.

La discusión que algunos han pretedido instalar sobre si la encuesta la ganó Lavín o Alessandri–método sumamente cuestionable como solución a los conflictos entre partidos o candidatos- efectuada en Santiago, la verdad es irrelevante. La competencia era entre un ex alcalde de la comuna, ex vocero de su partido, ex ministro del Presidente Piñera, ex candidato presidencial en dos oportunidades, ex jefe de campaña de la candidata Matthei, contra un concejal joven de la comuna..

¿Derrota política para Lavín? Sin dudas. ¿Signo de los nuevos tiempos, que buscan rostros nuevos? Con certeza, si.

A mi juicio este hito marca comienzo del fin definitivo de la Alianza, coalición política y electoral que mantuvo unida por un cuarto de siglo a los partidos más representativos de la derecha chilena, que nació sobre la sombra de la dictadura de Pinochet, de la derrota electoral propiciada por la Concertación de Partidos para la Democracia en el plebiscito de 1988 y del fallido intento de constituir un partido único que defendiera, para algunos, las ideas de la derecha liberal, y para otros, el ideario de continuidad del régimen autoritario.

Enhorabuena que se acabe. La impronta de la extinta Alianza por Chile se caracterizó por sus constantes problemas que la llevaron a ser siempre minoría política, incluso siendo mayoría electoral. Sus roces y personalismos entre dirigentes de los dos partidos más relevantes, la tendencia a seguir siendo un bloque minoritario provocado en parte por el sistema binominal, y, por cierto, la incidencia del dinero en la política.

La Alianza se fundó desde 1997, cuando Carlos Bombal se impuso -con el apoyo de Lavín- al proyecto liberal de RN representado por Andrés Allamand, sobre el predominio del cosismo. Entendemos por tal ese discurso que privilegiaba la puesta en terreno por sobre las ideas, y que entregaba soluciones concretas a los problemas, en lugar de planear soluciones provenientes desde la doctrina o la ideología.

Claro, parecía atractivo que la política se hiciera físicamente en distintos lugares del país, en contacto con las personas, escuchándolas, disfrazados con los trajes típicos, dando soluciones impensadas como sembrar nubes para hacer llover o traer nieve a valles para acercársela a los más pobres da la señal de una política cercana a la gente... pero al final era solo un oropel.

Esa derecha imperante retrasó el proyecto político de la otra. La derecha del cosismo, centrado en “solucionar los problemas reales de la gente”, se impuso por sobre la tradición conservadora-liberal que había imperado en la derecha, y que se caracterizaba en el éxito político de la “democracia de los acuerdos”, en la ferrea oposición del Partido Nacional a la Unidad Popular, en el predominio intelectual de los partidos Liberal y Conservador, etc.

La consolidación del éxito electoral del cosismo generó en la derecha un severo problema político: un déficit en el plano de las ideas. El cosismo terminaba por despreciarlas. Y sin ideas, la política termina vacía, porque lo que anima la política es perseguir un proyecto de sociedad. En parte ese cosismo explica la desafección de la gente de la política: donde solo importa la solución inmediata, la política no tiene nada que hacer.

Suponer que la mera gestión es lo que podría hacer competitivas a las ideas del sector es un despropósito. Pretende que se podría transformar a las doctrinas políticas en un “listado de supermercado” más que en un conjunto de posiciones o ideas sobre la realidad política, conlleva inevitablemente que bastara un mero discurso efectista, tipo “fin al lucro” no tuviera una respuesta consistente.

La derrota del proyecto de derecha más consistente, pues, parece empezar a quedar atrás. ¿Estaremos frente a un nuevo ciclo de la derecha? Todo ello permite concluir que si.

Probablemente, estemos volviendo empezando a volver a construir una derecha más tradicional. Esa misma que, salvo un período acotado en el tiempo, predominó tanto con el Partido Nacional como con sus antecesores, los Partidos Liberal y Conservador, y sus antecedentes más remotos. Esperemos que esta construcción se cimente en el fin del predominio de lo independiente por sobre la política de partidos, en el predominio de lo tecnócrata por sobre lo político, y en el fin de los caudillismos mesiánicos.

En suma, esperemos que el fin de la Alianza, hito del cual el triunfo político de Alessandri por sobre Lavín parece marcar un hito relevante, marque el resurgimiento de una derecha post-transicional, moderna, fundada en la libertad de las personas y capaz, desde sus ideas, de seducir y de entusiasmar al centro político, reconquistando buena parte del voto liberal y socialcristiano, con el fin de construir una mayoría política y no solo una oposición a las ideas de izquierda.

Chile necesita una nueva Constitución

Por años defendí, desde la academia, las publicaciones, las columnas de opinión y la participación política, la continuidad de la Constitución de 1980.  Pero he cambiado de opinión. Creo firmemente que es tiempo de una nueva Carta Fundamental para Chile, nacida desde la democracia y no de una crisis de institucionalidad como lo ha sido por 200 años.

Vivimos tiempos de cambios. Han pasado 26 años desde el retorno a la democracia, 36 desde la ratificación de la Constitución de 1980 y el modelo de transición que se extendió por años sobre una base de acuerdo tácito, hoy parece haberse quebrado. La crisis de credibilidad de nuestro sistema político evidencia esta realidad.

No podemos seguir evadiendo la situación. Nuestro sistema constitucional tampoco.

El Ethos constitucional de 1980 está superado por los hechos. Está fundado en la Guerra Fría, cosa que resulta evidente de sus aspectos más característicos. El problema de la Constitución vigente no es, como algunos pretenden, una discutible ilegitimidad de origen, sino su incapacidad, dado su concepto original, de responder en forma flexible a los desafíos que la sociedad civil hoy demanda.

La Constitución vigente es heredera de la tradición del Muro de Berlín, y el muro que se requiere derribar hoy ya no es este, sino el de la falta de politicidad de nuestra sociedad: la confianza en la política y en sus instituciones.La actual Constitución no colabora en ese objetivo.

Nuestra forma de convivencia social está sustentada en la desconfianza, no solo en las instituciones sino en el valor de la convivencia política. Todo lo público y lo político es mal evaluado por la ciudadanía. Dicho fenómeno, en parte provocado por causa del individualismo, se ha exacerbado hasta el punto de penetrar no sólo a las relaciones políticas sino a las personales y familiares. Y una Constitución, que nació de un quiebre institucional y de la suspicacia de la autoridad respecto de la participación ciudadana, no contribuye a restablecer las confianzas republicanas.

La política, por cierto, está siendo víctima de dicha falta de confianza y, por ende, la sociedad termina sintiéndose alejada de ella, lo que explica los bajos índices de participación ciudadana en los procesos electorales.

Ninguna de las ya innumerables reformas políticas efectuadas al texto Constitucional vigente han alterado realmente la sustancia, el elemento esencial de la Carta Fundamental. Como sociedad no podemos conformarnos con seguir “parchando” la Carta de 1980. Una Constitución fundada en una sociedad que ya no existe, no da respuesta cabal a los desafíos del siglo XXI.

La amenaza de que nuestra sociedad sea impulsada por medio de asambleísmos a mayores grados de restricción de las libertades individuales en pos de un Estado de Bienestar resulta más que evidente y actual. Los partidarios de la libertad y del respeto del Estado de Derecho debemos buscar fórmulas para superar este estado de disconformidad social con la política, que deriva inexorablemente en el predominio de populismos que, bien lo enseña la historia reciente latinoamericana, devienen en totalitarismos encubiertos de formas democráticas.

Chile, a mi juicio, requiere una Constitución breve, que delegue en la ley los aspectos que no sean fundamentales. Se hace indispensable, pues, una nueva Constitución que asegure la primacía de la persona humana por sobre el Estado, la existencia de un Estado Regional, una forma de Gobierno semiparlamentaria, la supremacía de la ley por sobre la autoridad de turno y la probidad como consecuencia directa de lo anterior, un adecuado sistema de control constitucional de las instituciones y de las leyes, consistente en la existencia de órganos adecuadamente contrapesados entre sí, con grados de autonomía, el incentivo a la participación de la ciudadanía por medio de partidos, asociaciones y otras formas de acción colectiva, la promoción de las libertades en todos los ámbitos y restringir el poder estatal, el pleno control civil sobre el poder militar y asegurar medios idóneos para el ejercicio y garantía de los derechos fundamentales.

Quienes creemos en la libertad estamos llamados a innovar y encabezar el proceso de transformación social, pero desde el consenso y no desde la equivocación de participar de un proceso que este gobierno ha pretendido imponer de facto. Debemos liderar porque, precisamente, creemos que ella, y no el estatismo restrictivo, es la esencia de la sana convivencia social. Como bien expone Tocqueville, “solo la libertad puede arrancar a los individuos del aislamiento en el cual la independencia misma de su condición les hace vivir, para obligarlos a acercarse los unos a los otros, animándolos y reuniéndolos cada día en la necesidad de entenderse, persuadirse y complacerse en la práctica de los asuntos comunes.”

El problema es que este gobierno ha llevado el debate en forma irresponsable, sin procurar el necesario consenso y legitimidad social: ni los asambleísmos, ni los cabildos manejados a dedo o a control remoto desde La Moneda, ni el congreso elegido por el sistema binominal, ni la Presidenta Bachelet afectada por los acontecimientos de público conocimiento, parecen hoy estar suficientemente legitimados como para poder llevar a cabo una transformación de esta envergadura.Parece más apropiado que un debate iniciado hoy culmine el 2018, año del Bicentenario, ratificado por un Congreso electo por un sistema representativo y por un plebiscito ratificatorio.

El 2018, bicentenario de la República, deberíamos darle en ofrenda a nuestra tradición republicana producir el primer modelo constitucional generado en democracia representativa, sin el humo de los cañones de Lircay, sin Ruido de Sables ni de aviones Hawker Hunter sobrevolando sobre la Moneda, sino sobre la base del consenso democrático.

ATRIA, LA NUEVA MAYORÍA, EL SERVEL Y EL RESPETO LA LEY

El abogado Fernando Atria ha escrito en relación con el "error no forzado" de la Nueva Mayoría consistente en no comparecer en la forma establecida por la ley, que la posición de la Directora del Servel sería a su juicio “manifiestamente contraria a la ley”, y que no habría atentado a la autonomía del Servicio en criticar su actuación de por eso.

 Discrepo. Y por lo mismo me parece adecuado precisar lo siguiente:

Como correctamente cita Atria, la única norma que decide este asunto es el Artículo 13 de la Ley que regula las Primarias, Nº 20.604, que establece que en el caso que varios partidos decidan resolver la nominación de alguno de sus candidatos a alcaldes por elecciones primarias, “el pacto electoral deberá formalizarse ante el Director del Servicio Electoral dentro del plazo (...) y en forma previa a las declaraciones de candidaturas de las elecciones primarias, mediante la presentación de una declaración suscrita por los presidentes y secretarios de los partidos políticos e independientes integrantes del pacto, que deberá indicar la decisión de concurrir en pacto electoral para la elección primaria, de apoyar en la elección definitiva a los candidatos que resulten nominados de este proceso" Ese plazo es, precisamente, "hasta las veinticuatro horas del sexagésimo día anterior a aquel en que deba realizarse la elección primaria"

Los verbos rectores de dicha norma son dos: una, que el pacto debe ser “formalizado” y otra, que el documento que lo informa debe ser "suscrito". La Real Academia Española define que formalizar es “Dar estructura formal a una proposición o a un discurso”. En la especie la “formalización” supone la suscripción de un documento en un plazo. Suscribir es lo “firmado al pie o al final de un escrito”, o sea, que el documento contenga un “conjunto de rasgos, realizados siempre de la misma manera, que identifican a una persona y sustituyen a su nombre y apellidos para aprobar o dar autenticidad a un documento”.

En la argumentación de Atria, un garabato a pie de página, una “mosca” o un documento suscrito por otro, bastaría para que, efectivamente, tal pacto fuera “formalizado” ante el Director del SERVEL. Pero es obvio que el problema es un poco más complejo, y éste se puede resumir en la siguiente pregunta: ¿cómo le constaría al Director del Servicio Electoral que quien suscribe el documento es efectivamente quien debe suscribirlo?

El problema es grave, pues no basta la firma de la señora Allende por si misma para representar al Partido Socialista. La formalidad de la representación es fundamental para que los actos efectuados por un representante surtan efecto en quien representa. Porque convengamos que la firma simple, sin una certificación de quien sea el supuesto signatario, no basta para acreditar que esos rasgos escritos identifiquen a una persona y sustituyan su nombre, mucho menos en un acto tan importante como este. ¿Como podría constarle al funcionario que la firma de la presidenta del PS no hubiera sido, por ejemplo, efectuada por un tercero, o incluso por alguien que quiera perjudicarlos inventando un pacto falso, o fuera objeto de una firma inexistente?

Hay tres formas posibles en este caso para validar la firma. Una de ellas es la prevista en los artículos 401 N° 10 y 425 del Código Orgánico de Tribunales en la que el Notario autoriza de firmas en un instrumento privado, el notario debe dar fe del conocimiento o identidad del firmante y presenciar cómo la firma se estampa ante él o tener una constancia personal de su autenticidad. La segunda, asumiendo que el partido Socialista operara en forma moderna, conforme a las normas establecidas en la Ley 19799, es que el atestado hubiera sido suscrito por firma electrónica por parte de su Presidente y Secretario General.

Finalmente, la última consiste en la concurrencia del Presidente y Secretario de cada uno de los partidos al SERVEL para que se certificaran las firmas, conforme a la condición de Ministro de Fe que  el artículo 66 de la Ley 18556 le otorga al Director “…en las actuaciones que las leyes les encomienden”.

Parece evidente que si la Ley le da carácter de Ministro de Fe al Director del SERVEL es, precisamente, porque éste debe velar por la veracidad de los contenidos y suscripciones que se le presentan a la vista.  La solución que Atria y la Nueva Mayoría pretenden es exigir al Servicio hacer un “acto de fe” respecto de la veracidad de los dichos de los presentes esa noche en el Servicio, cosa claramente ilegal.

En el extremo, si se concediera lo que pretende Atria, la situación sería particularmente delicada para el Director del SERVEL, pues se vería obligado en lo sucesivo como ministro de fe a validar firmas cuya existencia no le constan, lo que lo haría incurrir en una infracción administrativa grave, la cual incluso podría costarle la destitución del cargo.

En suma, el actuar de la Directoral del SERVEL ha sido correcto. Y, por cierto, todo hubiera sido mucho más sencillo si la Presidenta del Partido Socialista hubiera cumplido con la ley y hubiera comparecido donde correspondía el día y la hora que la legislación determina al efecto, en lugar de buscar interpretaciones acodadas de la ley para salvar el error.

Después de todo, como bien dice el dicho, es mejor ponerse colorado una vez que pálido toda la vida…

La DC, al borde de la corniza

Complejo dilema el de la Democracia Cristiana: en su fuero interno, no tiene claridad hacia adonde ir. Porque sabe que no quiere ir a la derecha, pero sabe a su vez que tampoco es bienvenida en la izquierda.

No tiene mucho sentido que la quieran allí. La Democracia Cristiana, partido cuya declaración de principios se centra en la liberación humana por medio del concepto cristiano de la vida, conforme al cual el hombre solo puede obtener su pleno desarrollo espiritual y material, difícilmente puede tener en común, doctrinariamente hablando, algo en común con el mundo laicista y aun declaradamente marxista de la izquierda chilena. Que conste: no hay demonización en lo que expreso: solo constatación de contradicciones, y en esos términos las definiciones doctrinarias de Maritain –un tomista de aquellos que creían en la Moral Natural- y los inspiradores de la DC se asemejan más a la centro-derecha que a la izquierda.

La alianza entre democratacristianos y socialistas, y su común pertenencia a la Concertación de Partidos por la Democracia, no tendría explicación sin la presencia de 17 años de régimen militar. La DC y la izquierda construyeron en torno al tema de los derechos humanos y la oposición a Pinochet una estructura que les permitió alcanzar el poder en 1989 por la vía de las urnas, derrotando a dos rivales:al Régimen militar y a la tesis armada del Partido Comunista y Gladys Marín reflejada en la Revolución Popular de las Masas.

Llegó a este pacto concertado la DC tras años de peregrinajes en una especie de “tercera vía autónoma”, en que evidenció más insuficiencias que éxitos: ni la "Revolución en Libertad" ni la tesis del "camino propio" de Castillo Velasco pudieron cimentar el buen resultado electoral conseguido para la elección presidencial de Frei Montalva: su derrota de 1970 fue abrumadora. En efecto, la oposición a la Unidad Popular, bien sabido es, fue dirigida por la DC: Y no pocos, sino la inmensa mayoría de ella, fue partidaria del quiebre institucional de septiembre de 1973. La carta de Frei a Mariano Rumor, las declaraciones de Aylwin y cientos de antecedentes así lo avalan.

¿Por qué, tras el “accidente Pinochet” –como lo denomina Armando Uribe- se quedó la DC en la Concertación, al lado izquierdo de ladelgada línea roja? Simple: conveniencia y, por qué no decirlo, resignación política. 

La Concertación fue, durante la vida de Pinochet, la coalición política más eficiente en términos electorales que recuerde la historia de Chile. Y en ella, gracias al sistema binominal, la DC podía asegurar diputados y senadores. Y en ella, asimismo, podía mantener cuotas de poder en La Moneda, aunque en los últimos 10 años debieron resignarse con ser los “parientes pobres”, en los gobiernos de Lagos y Bachelet. Ciertamente, tal condición les generó escisiones y fisuras relevantes y perjuicio en las urnas, que evidencian hasta hoy. Por más que Walker y Jouannet intenten establecer en algún trabajo académico del 2006 un nexo intelectual entre la “nueva izquierda” y la DC, no pueden sino llegar a la conclusión que los nexos entre ambas son tan febles, que no puede descartarse la “mera coincidencia” como la fuente de alianza de ellas. Y, con honestidad, solo se explica tal pacto por el tan vilipendiado sistema electoral binominal… malditas ironías del destino.

Pero, seamos honestos, para que aquello ocurra es condición necesaria el fin del Binominal o al menos su adecuación. De lo contrario, y salvo que estuviese la DC dispuesta a pactar con la Coalición por el Cambio, la tan añorada “tercera vía” resulta impensable, y liberarse de sus “socios”, imposible. Aún al costo de seguir siendo el accionista minoritario, ese que hace pataletas en las juntas y que, en el fondo, es mirado con menosprecio por sus pares.

En ese escenario ¿qué hará la DC? ¿Seguirá su impulso natural de salirse de esta alianza con la izquierda, que al final del día le resulta ajena, de una “convergencia opositora” –pésimo nombre, por cierto, pues solo tiene sentido en la oposición y nunca en el poder- que cada vez se radicaliza más y más hacia la izquierda? ¿Patear el tablero? ¿Pactar con la centro-derecha?

Difícil dilema. Su actual directiva tiene la palabra

Algunas incomodas verdades sobre Asambleas Constituyentes.

¿Por qué creo que una asamblea constituyente sería un lamentable error? Porque, a mi juicio, contraviene la noción misma de Constituyente Originario, propia del constitucionalismo democrático moderno y pretende una innecesaria refundación nacional. Trataré de explicar por qué.

La noción de asambleísmo no es nueva.  Los “parlamentos” o “asambleas nacionales” o “constituyentes” jugaron un rol importante en las revoluciones burguesas clásicas (Inglesa del S. XVII, Francesa del S. XVIII) para derrotar el absolutismo feudal y dar paso al moderno Estado democrático. La lucha de las asambleas era contra el poder absoluto de un rey elegido por nadie, o por la divinidad como afirmaba Bodin, ese que confundía al poder del estado con la figura del Rey, graficada magistralmente en la frase de Luis XIV L'État, c'est moi 

Los asambleístas, correctamente, levantaron el principio -basado en un igualitarismo irreal- del “pueblo soberano”, compuesto por “ciudadanos absolutamente libres e iguales” y que gobierna por medio de sus “representantes”, a los que elige votando. Tal concepto genera un hecho de realidad política: al valer el voto de cada ciudadano lo mismo, su opinión política vale. Y su manifestación se produce en la votación popular. Esa es la esencia de la democracia moderna burguesa.

El constitucionalismo no se quedó en la mera formulación de la soberanía popular postrevolucionaria, defendida por Sieyes. Tras el baño de sangre provocado por la Revolución francesa evolucionó hacia el concepto de nación, que limita el rol de las constituyentes, demandando que los derechos esenciales humanos y la propia regulación constitucional limiten el derecho del pueblo a fijar nuevas constituciones por procesos que no sean de mayorías sólidas superiores a la absoluta propia del plebiscito. Por eso la supremacía constitucional, principio democrático por excelencia, se sustenta en la rigidez de las Cartas Fundamentales, y no se modifican sino tras grandes acuerdos nacionales.

Se nos intenta presentar a la asamblea Constituyente —“la forma más democrática de representación parlamentaria” según sus partidarios—como una alternativa a esa burguesa democracia representativa que nos rige. En el fondo, sincerando las cosas, no es sino una versión más acicalada, más “legítima”, de un viejo sistema restrictivo de libertades que, en los hechos, solo incrementa el poder de grupos radicalizados. 

Creo que no requerimos una refundación nacional, como ocurre cuando se convoca al constituyente originario. Tal vez ello sería atendible frente a una tiranía, en cuyo caso pudiera ser una consigna atendible, revolucionaria y transicional. Pero en una democracia, con todos sus defectos y virtudes, el asambleísmo solo podría potenciar el deterioro de instituciones legítimas. La “norma programática” a modificar por el asambleismo no son hoy las dictaduras militares, marxistas o fascistas, sino la democracia.  

Concretamente en nuestro país, el pueblo lleva veintidós años de experiencia con la democracia representativa. Con virtudes y defectos, esa democracia ha funcionado bien para Chile. Lo que esconde el asambleísmo es desconfianza y hasta odio hacia  un modelo que importa designación popular de presidentes, senadores, diputados, alcaldes, concejales e –indirectamente, claro está- de ministros, jueces, fiscales, contralores, etc. Es la consecuencia del “que se vayan todos” de los piqueteros argentinos, de tan mal recuerdo y tan penoso resultado en su lucha.

En el fondo, lo criticable del asambleísmo es pretender asimilar la crisis de popularidad de las instituciones con la ilegitimidad del sistema democrático imperante. Lo que parecieran confundir los asambleístas es el modelo de “democracia tradicional” y sus vicios o defectos, que no siendo demasiado distintos de los de las “democracias populares” soviéticas o de las dictaduras o tiranías, resultan más controlables que en aquellas. 

En Latinoamérica la Constituyente ha sido una lamentable forma de “recauchaje” de dictaduras constitucionales. Recientemente, en América Latina, hemos vivido en vivo y en directo esa experiencia con la “Constituyente soberana”  de Venezuela, de Bolivia o de Ecuador, en la que las Constituciones que surgieron fueron un retroceso desde el punto de vista de las libertades, del respeto al Estado de Derecho y de la separación de funciones. Arriagada las ha definido, con razón, como un “cesarismo plebiscitario” bastante cercano a una dictadura.

No podemos desatender que, probablemente, millones de chilenos no se sientan  entusiasmados por votar, fenómeno propio de las democracias estables y consolidadas. La solución para incentivarlos pasa por modernizar nuestra democracia, incluso por medio de cambios constitucionales, pero no por modificarla por modelos asambleístas de dudoso destino. 

No somos pocos los que tememos que el fin del asambleísmo sea desmantelar la criticada “democracia representativa” y reemplazarla por una “democracia popular”, de tan triste recuerdo, y de la cual María Roland exclamó antes de morir: “Libertad, ¡cuántos crímenes se cometen en tu nombre!” No me sumaré a aquello. Espero que la mayoría tampoco.